La nueva Ley de Cambio Climático y Transición Energética aprobada hoy por el Congreso, obligará a más de 200 compañías cotizadas y entidades de contratación pública a calcular y registrar la huella de carbono y a publicar un plan de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a partir de 2023. De esta forma, se sumarán a la iniciativa de cerca de 750 empresas, en su mayoría pymes, que registraron su impacto medioambiental en 2019, y a unas 1000 instalaciones que deben reportar sus emisiones de CO2 en el entorno del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión Europeo para el cumplimiento del Protocolo de Kioto. De hecho, de los 313,5 millones de toneladas de emisiones brutas de CO2 equivalentes de España, cerca del 35% se correspondieron con este tipo de instalaciones.
La actualización de esta normativa pretende contribuir a los objetivos de la Unión Europea para 2030, fecha en la que España tendrá que presentar su primer plan nacional integrado de energía y clima. Para contribuir a la descarbonización de la economía y a la reducción nacional de al menos el 40% de las emisiones internas de gases de efecto invernadero, desde la compañía líder internacional en soluciones de alta calidad, sostenibilidad y seguridad, TÜV SÜD, proponen impulsar la electrificación del transporte, mejorar la eficiencia energética, adquirir energía eléctrica certificada procedente de fuentes renovables y sustituir los combustibles fósiles por biocombustibles.
“Según establece la nueva regulación, existirán dos figuras fundamentales para determinar el marco de actuación en materia de acción contra el cambio climático: los Planes Nacionales Integrados de Energía y Clima (PNIEC) y la Estrategia de Descarbonización a 2050. Ambas herramientas han de ser coherentes entre sí, ya que no hay otra forma de asegurar, de manera fiable, inclusiva, transparente y predecible, el logro de los objetivos y metas para el año 2030 y para el largo plazo”, aclara Victoria Gutiérrez, Business Line Manager de Soluciones de Sostenibilidad y Buen Gobierno de TÜV SÜD.
De hecho, explica la experta, “la ley recoge la necesidad de definir un sistema de indicadores de impactos y adaptación al cambio climático, que facilite un seguimiento y evaluación de las políticas públicas, así como la necesidad de elaborar informes de riesgos. Además, precisa el contenido de las obligaciones de reporte no financiero de las empresas cotizadas con el fin de incorporar la información relativa al nivel de exposición a riesgos climáticos y de carbono y las estrategias y objetivos para su mitigación. A partir del año 2023, junto con las obligaciones de información las entidades de crédito deberán publicar objetivos específicos de descarbonización de su cartera de préstamo e inversión alineados con el Acuerdo de París”.
