El secretario general de ANGED, Marcos Casado, ha solicitado una “mayor proporcionalidad y racionalidad” en el despliegue de la red de infraestructura de los puntos de recarga para vehículos eléctricos, ante la “imposibilidad” técnica y material de poder alcanzar los objetivos marcados por el Gobierno para el 1 de enero de 2023.
Durante su intervención parlamentaria en la Subcomisión sobre el despliegue e instalación de infraestructuras de recarga eléctrica y de hidrógeno, Casado señaló que sólo las empresas de ANGED deberán acometer la instalación de 20.000 puntos de recarga antes del 1 de enero de 2023, frente a los 17.000 totales que hay ahora en toda España. Con una inversión de entre 3.000 y 6.000 euros por cada punto de recarga, el despliegue de esta red no sólo requiere de una fuerte inversión para las empresas, si no de una capacidad técnica (empresas instaladoras autorizadas) y una adecuación del resto de normativa (municipal, prevención, seguridad, entre otras) que no se da en estos momentos.
España es el único país de la UE que ha decidido adelantar 2 años los requisitos mínimos establecidos por la Directiva europea de eficiencia energética. Por eso, desde ANGED se propone un plazo transitorio mayor para la obligación de implantación de los puntos de recarga. En concreto, Casado ha propuesto un plan progresivo para instalar el 20% del total de plazas antes del 1 de enero de 2023, el 50% antes del 1 de enero de 2024, y el 100 % de las estaciones de recarga para el 1 de enero de 2025.
El secretario general de ANGED solicitó ayudas efectivas para el despliegue de estas infraestructuras y, sobre todo, una disminución de las trabas administrativas, las cargas burocráticas y los complejos trámites de las licencias, que retrasan en exceso las nuevas instalaciones de puntos de recarga.
En medio de una fuerte crisis energética y un entorno de gran incertidumbre para el consumo, la Distribución se ha visto afectado en el último año por una treintena de nuevos costes regulatorios y fiscales. Nuestro sector puede contribuir a la transición hacia una movilidad más sostenible y a incrementar el número de puntos de recarga, pero la norma debe ser proporcionada y racional, buscar incentivos y no aumentar todavía más la crisis de costes que sufren las empresas.
